Los técnicos de Molina Chávez consideraron como obra de construcción la meta de “Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización para Consejeros Regionales”. Venía siendo ejecutado sin expediente técnico. No sólo designaron inspectores “para la obra”, también demandaban cascos, lentes protectores, ponchos, guantes de cuero, ternos, GPS, gorras, entre otros para los legisladores. Y para variar también contaban con los servicios de mano de obra calificada, como: agrónomos, civiles, abogados, supervisores.
Finalmente, en sesión de Consejo Regional determinaron dejar sin efecto la ejecución de la meta: “Fortalecimiento de Capacidades del Consejo Regional en el Desarrollo de Acciones de Fiscalización del Gobierno Regional de Ayacucho”.
Como es de conocimiento público y gracias a la denuncia difundida a través de este medio de comunicación, los propios consejeros tomaron conocimiento de la forma como había sido concebido el proyecto, nada menos que como una ejecución de obra y que el mismo debía ser vigilado en el marco de las normas de construcción.
De acuerdo a la Resolución Gerencial Regional 0232 de fecha 18 de diciembre del 2009, designaban al Ingeniero Residente de la obra a Alberto Sixto Oviedo Sandoval como responsable de la meta, designación que fue materializada en función a la propuesta de la Sub Región de Lucanas.
Asimismo, a través de otra Resolución Gerencial Regional 0235 de fecha 22 de diciembre del 2009, resuelven designar al Ing. Leoncio Alarcón Tipe, como inspector de la “obra”. Ambas resoluciones fueron firmadas y selladas por el Gerente de Infraestructura del GRA.
El Diario Regional La Calle tuvo acceso ambos documentos, los mismos que fueron difundidos en su oportunidad, al tiempo de ser considerado por los legisladores regionales como un acto irregular que finalmente pudo haber conducido a una denuncia penal por malversación de fondos, terminando de alcanzarle a los Consejeros como cómplices del hecho.
Sobre la base de las informaciones difundidas, en la sesión última los legisladores regionales por unanimidad decidieron liquidarlo, anularlo y dejarlo sin efecto, al tiempo de demandarle al ejecutivo rindan cuentas de los más de 70 mil soles que habrían sido usados, no precisamente en acciones de capacitación, sino en otras que han estado al margen de la meta propuesta.
De acuerdo al perfil técnico, la propuesta de capacitación para consejeros demandaba más de 300 mil nuevos soles.
Para esta edición, el Diario La Calle tuvo acceso a un nuevo documento que nos da luces del cómo se están manejando los recursos de los ayacuchanos.
En el analítico presupuestal, se puede observar que el formato igualmente está elaborado de acuerdo a una obra de ejecución, donde demanda 7 profesionales, considerado como mano de obra, es decir, la propuesta de capacitación demandaba supervisor, inspector, agrónomo, un civil, abogado, administrador, asistente, técnico administrativo. Todo este requerimiento iba a costar más de 150 mil soles, es decir más del 50% del presupuesto total, aparte de viáticos, aguinaldo y gratificaciones.
En tanto que para el caso de viáticos para los consejeros demandan sólo la suma de 35 mil soles, divididos en 11 les daba para cada uno de ellos una suma de 3 mil soles para el traslado a sus zonas de origen con el fin de fiscalizar.
El resto del monto, increíblemente debía ser gastado en requerimientos como cascos blancos, lentes protectores, ponchos, guantes de cuero, ternos, GPS, gorras, ternos, casacas, chalecos, polos, cuaderno de obra legalizado, entre otros, para los legisladores. O es que los confundieron con mineros, o trabajadores de construcción civil.
Una propuesta por demás descabellada e impulsada por los famosos “técnicos de la gestión de Molina Chávez”. Una propuesta que más parecía que los Consejeros debían ser reconstruidos, puesto que al parecer los Gerentes les habrían identificado dificultades y por tanto tomaron tremenda decisión.
Fuente / La Calle
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