Conflicto en el Huallaga. No encuentran apoyo para reemplazarlos por cultivos alternativos. Los cocaleros vuelven a sembrar después de la destrucción de sus parcelas porque el narcotráfico les paga en dólares y por adelantado.
En el área en la que una columna de Sendero Luminoso asesinó a un policía y a dos erradicadores de hoja de coca el pasado 27 de abril solo hay casuchas completamente incineradas, grandes extensiones de cocales arrancados de raíz y algunos pocos pobladores dispersos. No es la primera vez que las autoridades destruyen sus parcelas sembradas de coca. Hace seis meses, un contingente del Proyecto Especial de Control y Reducción de los Cultivos de Coca en el Alto Huallaga (Corah) arrasó con los sembríos ilegales. Los campesinos dicen que se han acostumbrado a la rutina. Y que en medio año volverán a cosechar la hoja de coca, la que luego venderán a acopiadores del narcotráfico que les abonan, muchas veces por adelantado, hasta 40 dólares por arroba (11.5 kilos).
“¿Por qué plantamos coca? ¡Porque hay mercado, pues! El narcotráfico nos paga bien”, explicó el agricultor Juan Ramírez Morales. “Por eso insistimos en cultivarla. Porque si me dedico al plátano, me pagan 2 soles por una carga de 12 kilos, mientras que por una arroba de coca me dan 112 soles. Esa es la diferencia”.
Alto Corvina, que pertenece al distrito de Aucayacu, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco, es la última línea de combate de la guerra contra los cultivos ilegales de hoja de coca. Es el punto de máxima avanzada de los erradicadores, marcado por los senderistas con sangre y fuego.
Entre el Estado y los narcos
Juan Ramírez tenía 10 hectáreas de coca sembradas en Alto Corvina, hasta que los trabajadores del Corah las destrozaron por completo. “No me dieron nada a cambio”, dijo. “Cuando quise sacar un préstamo para proteger mis cultivos de plátano, arroz y cacao, el banco me pidió garante, título de propiedad y al final no me dio ni un solo centavo. Los narcos nos ayudan más que el gobierno, hasta nos dan adelantos en dólares sin pedirnos nada a cambio”.
Fernando Hurtado Pascual, gerente de Desarrollo Alternativo de Devida, el principal organismo estatal de la lucha contra el narcotráfico, manifestó que los agricultores fueron advertidos de las consecuencias de sembrar un cultivo ilegal. “En esa zona no se conversa. Allí se erradica en cumplimiento de la ley. Ellos son un eslabón del narcotráfico”, arguyó Hurtado. “Se les dijo que la erradicación podía ser voluntaria, pero no aceptaron. Ahora sufren el resultado de su negativa”.
De acuerdo con cifras del Corah, en el Huallaga existen aproximadamente 20 mil hectáreas sembradas de coca; 8 mil 595 corresponden al valle del Monzón, 8 mil 812 a Tingo María (Alto Corvina está comprendida en esta jurisdicción) y 3 mil 220 hectáreas a Aguaytía.
En lo que va del año, el Corah ha erradicado 3 mil 149 hectáreas, cuando la meta anual es de 10 mil hectáreas. Las labores se concentran en la margen izquierda del Huallaga, principal campo de acción del “camarada Artemio”. Sin embargo, en el valle del Monzón, los erradicadores todavía no han ingresado. Los narcosenderistas han aprovechado el avance de la erradicación para buscar capitalizar la simpatía de la población. Por eso atacaron el 27 de abril. La eliminación de los cocales conlleva violencia.
Cuando La República llegó a Alto Corvina, la familia de Aurelio Niño Ambrosio, de 28 años, lo estaba buscando. Al día siguiente del ataque terrorista en el lugar, la policía peinó la zona en busca de los cómplices de los narcosenderistas. Los pobladores huyeron en medio de los disparos, y los que no consiguieron hacerlo fueron detenidos e interrogados. Aparentemente, una bala perdida alcanzó a Aurelio Niño, cuyo cadáver fue hallado a la orilla de un río.
“Artemio ataca a la Policía y la Policía la emprende contra nosotros los agricultores. Nos acusan de apoyar a los senderistas porque se aparecen en nuestra comunidad. Pero ¿quién les va a decir que no pasen por aquí si están armados?”, dijo Antonio Niño, hermano de la víctima. “Nosotros somos cocaleros, no senderistas”.
Defensoría pide investigar quejas de pobladores
El jefe de la Oficina Departamental de Huánuco de la Defensoría del Pueblo, Pier Paolo Marzo, solicitó al fiscal de Aucayacu Ricardo Agüero investigar las denuncias de presunto abuso de autoridad de policías y militares en contra de la población del caserío Alto Corvina.
Marzo estuvo en Alto Corvina y en declaraciones a la prensa dijo que ha constatado la destrucción de 4 viviendas, y que la población responsabiliza a la Policía de este hecho y de la muerte del joven Aurelio Niño Ambrosio. Todo habría ocurrido, según testimonios, en represalia por la muerte de un suboficial y 2 erradicadores de coca que fueron atacados por narcosenderistas el 27 de abril.
El jefe de operaciones del Alto Huallaga, Jorge Linares, negó las imputaciones y aseguró que se trata de un psicosocial sembrado por el narcoterrorismo.
Fuente / La República
No hay comentarios:
Publicar un comentario